Vuelve la mano dura, ¿me entiende?

El multitudinario acto del sábado en reclamo de mayor seguridad, puso al gobierno nacional en estado de alerta. El temor a la aparición o resurrección de un caso Blumberg que jaquee a la golpeada administración kirchnerista provocó una ronda de consultas en el gabinete nacional que hasta ahora tuvo como estrategia circunscribir el conflicto a un “problema bonaerense”.

“La responsabilidad por la seguridad en territorio bonaerense corresponde al gobierno de esa jurisdicción”, sostuvo el ministro de Justicia y Seguridad Aníbal Fernández. Hasta ahora el único vocero del gobierno nacional alrededor del tema.

Fernández había sido criticado muy duramente, tanto por los vecinos de San Isidro, como por el intendente Gustavo Posse, por su decisión de retirar a la gendarmería de la Villa La Cava.
Fernández justificó que los gendarmes habían sido retirados del lugar “cuando se comprobó que no tenían comodidades para cumplir sus tareas con las mínimas condiciones de higiene requeridas”. Y culpó a Posse, por el incordio.

La postura del ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, fue minimizar el caso: "son hechos excepcionales, que a veces se dan en seguidilla como consecuencia del accionar de una misma banda".

El gobernador Daniel Scioli, cuando advirtió que el calor se la protesta subía cada vez más, decidió que era hora de despegar de la estrategia kirchnerista y jugar una ficha de las fuertes: propuso bajar la edad de imputabilidad de los menores. Un tema que sabe que irrita al dispositivo político más afín a los Kirchner.

En el entorno del mandatario bonaerense creen que este tema marca un límite en la obediencia partidaria y que de otra manera el gobernador se “desperfilaría”.

Un miembro del gabinete me dijo que Scioli mostró su lealtad durante el conflicto del campo que amenazó con arrastrarlo pero que, si no se desmarca en el tema seguridad le regalaría el poder a la oposición.

La idea del sciolismo es presentar esta semana en el parlamento nacional un proyecto que reduzca la edad de imputabilidad a los 14 años (actualmente es de 16). La movida tiene dos propósitos. Que el único interlocutor mediático por el tema de la inseguridad no sea Blumberg o un sucedáneo de éste y mostrar a Scioli como un dirigente de talla nacional, capaz de cargarse la principal preocupación de los argentinos en los hombros.

Si bien el proyecto del gobernador no se conoce ya dio algunos indicios al mencionar que Uruguay, Brasil y Paraguay “tienen leyes que fijan la imputabilidad en delitos graves a partir de los 13 o 14 años”. No mucho más que eso, aunque destacó que “en este caso nos encontramos una vez más con menores reincidentes, que dispararon y vaciaron un cargador de una 45 sobre una persona inocente”.

Mañana, entonces, irá al congreso de la Nación proponiendo una nueva modificación al Código Penal y hasta el momento es la única respuesta de un gobierno desorientado frente a una nueva crisis por la seguridad.