Los 21 puntos

Más de 300 organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, de pequeñas y medianas empresas, y comunitarias de la comunicación trabajaron durante años en pos de la unidad y modificación de la ley. Nucleados en la Coalición por una Radiodifusión Democrática, en 2004 suscribieron este trabajo colectivo, producto de extensas jornadas de diálogo y consensos.

¿Quedará algo de esto en la nueva ley?

1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.

2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.

3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.

4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.

5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversisdad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.

6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.

7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.

8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.

9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.

10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.

11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.

12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal . Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.

13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.

14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.

15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.

16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.

17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.

18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.

19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.

20.- Se creará la figura de la "Defensoría del público", con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.

21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional.

Ahora dicen que los Kirchner son corruptos

A medida que se acercaba la decisión del gobierno nacional de acordar con la AFA la televisación del futbol, y que ingresara en la Cámara de diputados el proyecto de ley de servicios audiovisuales el matutino reforzó su mirada negativa sobre los Kirchner.

El martes 11 de agosto, abría su portada con “Profesores de la UBA rechazan dar apoyo a este INDEC”. El miércoles a a diferencia de sus colegas Clarín corre a un costado el golpe de la AFA contra el multimedios y prefirió jerarquizar un comunicado de la CGT en el que “marca distancias con la Casa Rosada” por el “tarifazo”. Ningún otro diario abordó ese tema desde la perspectiva de Clarín.

En la página 10 el jefe periodístico de Clarín, Ricardo Kirschbaum, siembra sospechas
sobre quiénes se favorecen con los acuerdos comerciales bilaterales entre la Argentina y Venezuela y más adelante con Eduardo Van der Kooy cierra un extenso texto planteando que el episodio de las supuestas escuchas a Alberto Fernández “podría estar señalando el indigno ocaso de un ciclo político”.

El jueves presentó “Tarifazo: el Gobierno tuvo que retroceder”. Según el sitio Diario sobre Diarios, que sirve de base para este informe, el 6 de agosto Clarín publicó por primera vez la palabra tarifazo en los últimos seis años. Dato curioso: las siete cartas de lectores que publica hoy Clarín están en contra de la decisión de la AFA de rescindir el contrato de televisación.

El viernes: “Fracasó el diálogo con el Gobierno, aseguró la UCR”. En una nota de opinión Kirschbaum, indica que implica el “Final para un pasatiempo” del Ejecutivo. El domigo 16, abrió con “Cobos avala que se investiguen bienes de los Kirchner”.

El martes aseguró en tapa que “El Gobierno oculta hace un año datos clave para el campo” y para su edición del domingo eligió como título principal “Escaso avance del plan de seguridad que lanzó Cristina”. El lunes de esta semana dedicó tres páginas a la “tensión” entre “campo y Gobierno” y subrayó que el gobernador Daniel Scioli “promete ser ‘solidario’ con el pedido de los intendentes” y, así, se “diferenciaría esta vez de Cristina Kirchner”.

El miércoles 26 Van der Kooy cuestiona la “mano dura de los Kirchner”, quienes “quieren aprovechar los 90 días de mayoría parlamentaria que les restan para avanzar todo lo que puedan”. En la página 2, el editor general adjunto de Clarín, Ricardo Roa, aseguró que “No es la prensa sino la realidad la que pone en aprietos al Gobierno. Los K son prensafóbicos: no toleran el escrutinio periodístico, impugnan el disenso, descalifican toda apreciación no coincidente ni obsecuente”. Y concluyó que “este gobierno ha resuelto colonizar el espacio de la información y tutelarlo para que nadie lo controle. Ese autoritarismo no es una batalla contra una empresa sino una agresión para toda la sociedad”.

El viernes destina su portada al proyecto oficial para acabar con la Ley de Radiodifusión de la dictadura. “Presentan la ley para controlar a los medios", y alerta que el Ejecutivo "quiere avanzar sobre la prensa independiente", y publica cuatro recuadritos: expone el "mensaje" de la directora Ernestina Herrera de Noble: "'Ningún apriete torcerá nuestro compromiso con la sociedad'", indica el "Unánime
rechazo de la oposición", alerta sobre "Nuevos ataques contra oficinas del Grupo Clarín", y plantea que "Lo que molesta es la impotencia para controlar y manipular a los medios".

Nota del Bloguero: Quise pegar como ilustración la tapa del domingo 30, una de las más vergonzozas que recuerdo. No la pude encontrar en el sitio de Clarín. Se pueden abrir las tapas de todos los días, menos de ese domingo en el que descubrieron que todo el gobierno es corrupto, incluso Néstor y Cristina.

Extraño a Casullo y a la nueva ley de radiodifusión que nunca jamás sucedió

En medio del debate por el cobro de rentas extraordinarias a la renta agraria se había generado en el país un interesante debate alrededor de los medios de comunicación.

Acomodando, (y tirando) papeles de mi escritorio, me encontré con un artículo que, a proposito del rol de los medios masivos durante el conflicto, había escrito Nicolás Casullo y que aún no había leído atentamente.

Casullo, para mí uno de los intelectuales más lúcidos de la Argentina, falleció el mes pasado, y como homenaje, me parece que vale la pena leer o releer este texto:

Una nueva historia vieja. Medios, política y sociedad.

Los medios de comunicación, su relación con la sociedad como poderes privados, con el Estado, su función y significados en el marco de los conflictos nacionales.
Por Nicolás Casullo.

“El vínculo orgánico entre propiedad privada de los medios de producción, es decir desigualdad estructural y radical, y ‘democracia’, ya no es un tema de polémica socializante, sino la regla del consenso.” Alain Badiou

Siempre es bueno comenzar con la cita de un filósofo francés cuando uno es un “intelectual”. Además, cuando tal filósofo hace referencia a brutales olvidos en nuestras formas actuales de la política. Olvido de palabras que solían nombrar críticamente la realidad del mundo, suplantadas por otras palabras raticidas.

Ejemplo, el vocablo “consenso”, al parecer naïf, pero que hoy sirve para nombrar una suerte falaz de “mundo-todos-de-acuerdo”, pero mundo al que sin embargo le faltan todos los que no están invitados en esa mesa. Y donde tampoco sobreviven los temas “desaparecidos”, que ni siquiera parecen estar en la memoria de las cosas.

Algo de esto sucede con el tema de los medios de comunicación, su relación con la sociedad como poderes privados, con el Estado, su función y significados en el marco de los conflictos nacionales.

De pronto el tema alcanza escena, visibilidad en el país, una imprevista voz presidencial, intervenciones universitarias, títulos, “Observatorio de Medios”, “Ley de Radiodifusión”, “Grupo Clarín”, “Papel Prensa”. Y es bueno que esto suceda. Es de primera importancia para discutir aquí, como en muchas democracias latinoamericanas atravesadas por los grandes trusts formadores de opinión pública.

Decía del olvido temático, una forma de la barbarie cultural que se padece. Porque hablando en estos días con alumnos y periodistas jóvenes, el litigio sobre los medios parte hoy de un precario punto cero. Como si careciese de todo antecedente. No porta biografía, sino las típicas ideologías del presente donde todo se reduce a un Boca y River sin contenido específico.

Esto es, a la imposibilidad de pensar de qué se trata lo que está en tensión: cosa difícil de despejar cuando los propios medios son los aludidos y actores. Olvido entonces de una faceta de la historia política argentina, donde la cuestión de los medios de comunicación de masas fue parte central para pensar inconformistamente nuestra cultura, la izquierda, la derecha, las hegemonías, la contienda de intereses en el campo de las representaciones.

Volver al futuro

Enfatiza el sociólogo Heriberto Muraro –al analizar los Informativos de los canales 9, 11 y 13– sobre “el empleo del noticiero como difusión de ideología conservadora” a partir de “la mutilación y el retoque de noticias”.

Apunta sobre “la transformación de dichos programas en una suerte de show”, que pretenden “la neutralización de la información” (aparentar que no se toma posición política), a la vez de “promover falsamente una ideología crítica ‘popular’, transacción ideológica” como dispositivo que procura que el espectador “se sienta comprendido”: con “una identificación inmediata” con la pantalla desde mensajes “parciales y vicarios”.
Esto lo estudió y lo publicó Muraro no al otro día del paro agrario, sino en junio de 1972: una época que estaba signada por el encuentro activo de estudiosos y periodistas sobre el espinoso tema de las comunicaciones de masas en la Argentina.

Por ese entonces, 1973, comenzó a editarse una de las revistas más importante de la época, Comunicación y Cultura, uno de cuyos directores, Héctor Schmucler, escribió en su primer número: “La revista escoge la ‘comunicación masiva’ como punto de partida específico del debate político cultural”.

Y agregaba que desde ese tema clave, “deben emerger los gérmenes de una nueva teoría y práctica de la comunicación que se confundirá con un nuevo modo de producir la vida”.

Señaló al respecto: “Durante los últimos años se ha desarrollado un impetuoso movimiento de estudios sobre la comunicación masiva, que tiñe todo el debate político” sobre qué democracia se quiere.

Efectivamente, los últimos años ’60 y los primeros ’70 trajeron una plena toma de conciencia en los mundos artísticos, periodísticos e intelectuales, no sólo sobre la importancia de discutir la comunicación masiva, sino cómo encarar políticamente la problemática concreta sobre un poder privado, monopolizado en escasísimas manos y que trastrocaba el imaginario de amplios actores sociales.

Escribía en 1970 el otro director de Comunicación y Cultura, Armand Mattelart: “El medio de comunicación de masas es un mito al cual se considera dotado de una autonomía que trasciende a la sociedad misma. Es la versión actualizada de ‘las fuerzas naturales’ que ocultan sus distintas formas de manipulación”, que plantean “modelos normativos” y crean “una comprensión colectiva donde los conflictos son tergiversados”.

Argumentaba Ma-ttelart: “Se trata de hacer evidente la actuación del medio, de modificar la estructura de poder de la información de masas, la concentración económica de ese poder, la malformación cultural que sufre la democracia con respecto a los dueños de ese poder”.

Edades periodísticas de crítica

Las polémicas que tienen lugar en la actualidad no dan cuenta de esta historia cultural. Historia que legitima por qué un problema es un problema de verdad.

El Gobierno que de pronto da la sensación de romper con “socios” mediáticos a los que ha privilegiado hasta hace muy poco, y los medios que se sienten agredidos simplemente porque pasan de ser sujetos denunciantes a objeto de análisis como actores siempre posicionados, ambas instancias exponen muchas veces “la tierra arrasada” en que se convirtió en los últimos veinte años, al menos, la relación política-medios-crítica. Y también sobre la ausente tarea periodística reflexionándose a sí misma en cuanto a este poder ideológico.

Sin duda, hace cuatro décadas los conflictos a debatir sobre la comunicación masiva se impusieron como una ecuación medular, donde se dirimía qué tipo de sociedad institucional estaba en juego.

Esto desde agrupaciones periodísticas peronistas como la 26 de Julio, 26 de Enero, el Bloque de Prensa, que entre los años 1969 a 1974 nuclearon gremial, política e intelectualmente al periodismo más concientizado en la crítica a los medios, o desde una tarea de contrainformación como la de Rodolfo Walsh, ya en plena dictadura.

Entre estas dos referencias del pasado, tal arco de experiencias postuló que lo mediático de masas debía hacerse visible en el escenario social: caracterizable, “leíble”, cuestionable desde la crítica política. Sobre todo desde el propio productor de información, y con planteos de corte económico, jurídico y de la misma práctica laboral, ítem referidos directamente a la importancia de la construcción de sentido común societal.

Así lo expuso también un analista del fenómeno, el norteamericano Herbert Schiller, en un documento publicado en 1975 por la UBA: “No se puede hablar ya de política y Estado nacional sin señalar el nuevo poder tecnológico y cultural de las comunicaciones en manos monopólicas.

Dichos medios no son ya simple trasmisores de información, sino medios de control social. Se debe pluralizar democráticamente –desde la participación y la crítica de la sociedad civil y política– el tema de las responsabilidades de ese poder privado que se adueña de una controvertida idea de libertad y democracia”.

Fue una extensa experiencia de debate político, que luego quedó borrada no sólo por la edad del exterminio dictatorial, sino por la década del peronismo menemista que terminó de sepultar las huellas de esta herencia y sus diversos partícipes.

De tal manera que hoy, el regreso del tema en el propio mundo de la cultura aparece como “sorpresa”, o gesto “autoritario”, o lesionante de una idea mítica de “libertad de prensa” como coro empresarial asumido por un nuevo intelecto conservador.

Todavía para 1986 el sociólogo Oscar Landi puntualizaba: “La democracia post dictatorial no tuvo una decidida intervención de la política sobre el sistema de medios.

Entre la propiedad privada de los medios y las intervenciones del Estado, se debió hacer ingresar un tercer elemento: la comunicación como derecho social, a través del cual democráticamente la sociedad interviene en la definición de su sistema de medios”.

Agregaba Landi: “En el fondo está en juego cómo se genera la representación en el sistema institucional”.

El alfonsinismo no lo hizo, y con el menemismo se extinguió todo debate importante sobre los medios.

Todavía para 1991 expresaba el analista Luis Alberto Quevedo en un congreso sobre Cómo Pensar Política y Medios: “Lo nuevo es el papel productivo de la TV en la formación de la agenda pública, en la construcción de escenarios, en la legitimación y deslegitimación de personas y temas. No se trata de saber cómo la TV oculta la realidad, sino qué realidad construye”.

De esto hace dieciséis años. Pero es ahora. Para aquel entonces el tema ya había abdicado de casi todo protagonismo (incluido el período Kirchner) hasta hoy.

La política y la cultura, desde arriba o desde abajo, desde el centro hacia la izquierda (salvo excepciones de escasa repercusión), perdió contacto con sus propios legados en la materia.
Con la propia riqueza de sus archivos. Un pensamiento cultural donde las cosas aparecen siempre “nuevas”, repentinas, sospechosas, marca la actual línea de indigencia “posmoderna”.

Sería válido entonces recobrar la memoria de que en América latina diferentes sectores avanzados del campo cultural polemizaron y propusieron alternativas a la relación Medios-Sociedad en los ’70 (caso Perú sobre todo), como clave de construcción de una comunidad democrática popular.

Y hoy, frente a una nueva coyuntura de conflictos, muchos núcleos políticos lo vuelven a discutir en Ecuador, Brasil, Bolivia y Venezuela.

Tal vez ahora se pueda, de avanzar ciertas inéditas intenciones del Gobierno, reponer y desplegar un debate (cancelado) sobre los medios masivos, en el contexto de una situación donde ninguna identidad política, ninguna instancia gremial o cultural, ni muchas universidades, tiene un discurso que va mucho más allá del sentido común que impone la programática de mercado con su doctrinarismo sobre “la libertad” del alto capital mediático concentrado, y el fetichismo del periodista “independiente”.

A veces los ’70 no son solo muerte y duelo. La memoria también es esto.